Nuevo proyecto piloto de licitación electrónica en la Comunidad de Madrid

13/09/2013 | ACTUALIDAD | La Agencia de Informática y Comunicaciones de la CAM pone en marcha un proyecto piloto para contratar bienes y servicios. Ahorro de tiempo y dinero y transparencia en los procesos, principales ventajas para ciudadanos y empresas.

La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) ha puesto en marcha un proyecto piloto para implantar una plataforma de subastas electrónicas, desarrollada por BravoSolution, para la contratación de una gran variedad de bienes y servicios. Es la primera vez que el ICM opta por la subasta electrónica, un procedimiento que permite realizar operaciones tanto de adquisición como de venta. Entre las subastas más usuales de adquisición destacan las de servicios de limpieza, mudanzas, vigilancia, recogida de residuos, material de oficina o suministro de electricidad y gas. Entre las subastas de venta destacan las de vehículos o inmuebles.

El beneficio inmediato es el del ahorro económico, pero una ventaja importante que valorarán tanto los ciudadanos como las empresas licitadoras es la transparencia que proporciona este proceso de adjudicación: son los propios licitadores los que, en función de los precios que ofrezca su competencia, deciden si tienen posibilidad de realizar una mejor oferta o bien mantenerse en su propuesta.

Para las empresas, la ventaja es saber, en todo momento, qué posición ocupan durante el desarrollo de la subasta electrónica y el adjudicatario será aquel que, una vez finalizado el proceso, haya realizado la oferta más ventajosa.

El volumen de ahorros que se espera obtener es de entre el 10 y el 15% respecto a la mejor oferta recibida en la fase de licitación, según la experiencia de otras administraciones públicas que ya han optado por este sistema de adjudicación para la contratación de sus bienes y servicios.

Además del ICM, otras instituciones que han realizado subastas electrónicas con la tecnología de BravoSolution son la Universidad de Alcalá de Henares, el Instituto de Crédito Oficial, el Ministerio de Defensa y, fuera de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Valencia.